El caso de Oaxaca es muy ilustrativo de la crisis política nacional; de cómo existe un divorcio entre los valores, los sentimientos y las necesidades del pueblo y los intereses de la llamada clase gobernante. El pueblo oaxaqueño es extraordinario, pero padece de un gobierno mediocre, autoritario y corrupto. Es un pueblo de primera con un gobierno de quinta.
Este mal viene de lejos pero, en los últimos tiempos, los gobernantes de Oaxaca han involucionado hasta degenerar en la persona de Ulises Ruiz, el más déspota y mendaz de todos. El desprecio de este gobernante a su pueblo ofende la memoria de oaxaqueños ilustres como Benito Juárez, el mejor presidente de México, o de Ricardo Flores Magón, el luchador social más culto e íntegro en la historia de nuestro país. Ulises convirtió el palacio de gobierno, donde despachó Juárez, en salón de fiestas (se alquila para bodas de gente pudiente del país). Y tengo documentado que nunca ha ido a 368 de los 570 municipios que hay en la entidad.
El poder en Oaxaca no se ejerce en beneficio del pueblo, se usa para imponer una política de despojo y mantener un régimen de opresión. No hay planeación ni programa de desarrollo. El gobierno no apoya a indígenas ni a campesinos. Nada hace por los productores de granos básicos, agave, café, piña, cítricos y ganado. Tampoco ayuda a migrantes, pescadores, músicos, artesanos, comerciantes ni a pequeños y medianos empresarios. No hay ninguna acción en beneficio de los pobres, excepto la entrega de despensas y materiales de construcción en temporada electoral.
Oaxaca es ejemplo de lo que sucede en casi todos los estados del país. En apariencia, hay división y equilibrio entre los tres poderes constitucionales pero en la práctica los titulares de los ejecutivos locales actúan como caciques o señores feudales. El gobernador concentra todos los poderes: el Legislativo y el Judicial están completamente subordinados. Ulises Ruiz, con el aval del Congreso local y apoyado en sus delegados regionales de gobierno, pone y quita a las autoridades municipales.
A pesar de la resistencia de los pueblos, nombra administradores que malusan el presupuesto municipal. Actualmente, por esta causa, hay conflictos en Santa María Ozolotepec, San Pedro Jocotipac, Santa María Temascaltepec, Santa Catarina Mechoacán, San Luis Amatlán y Candelaria Loxicha, entre otros.
El presupuesto estatal se maneja en forma patrimonialista. Se usa para comprar conciencias, lealtades y votos. Todo está enfocado a la realización de obras públicas porque ésta es la fuente principal de la corrupción. Un grupo reducido de compañías vinculadas a los funcionarios acapara los contratos con todo lo que ello implica: sobornos, ineficiencias y construcciones de mala calidad. El caso más emblemático es el desastre en la pavimentación de caminos.
Existe un organismo estatal, Caminos y Aeropuertos de Oaxaca (CAO), que maneja fondos federales de manera irregular, con la complicidad de la Comisión Nacional para Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI). Cuando las autoridades de usos y costumbres solicitan que les entreguen el presupuesto asignado para ese fin, los funcionarios estatales les niegan los recursos, pretextando que no tienen capacidad técnica y operativa, como si los herederos de los constructores de Monte Albán o Mitla o de quienes levantaron los grandes conventos dominicos en la Colonia y que actualmente están considerados como los mejores trabajadores del mundo, no pudieran hacer un simple camino.
En todas partes se quejan de desviaciones de fondos, de obras no iniciadas o inconclusas, de costos inflados y de caminos recién asfaltados que ya se están destruyendo. Ejemplos: en Tlacotepec Plumas desde hace cuatro años el pueblo entregó la parte que le correspondía para la pavimentación de la carretera, pero ésta sólo ha llegado a Concepción Buenavista. En San Juan Teitipac se tendió el pavimento hace apenas cuatro años y ahora ya es de nuevo terracería. Lo mismo sucedió en Ixtlahuaca y en Santa Cruz Itundujia. El presupuesto del camino de Peñasco a San Juan Mixtepec se aprobó desde 2006 en beneficio de seis municipios; lo iniciaron, sí, pero el pequeño tramo que hicieron ya no sirve. En Guevea de Humbolt han transcurrido 10 años gastando con cargo al camino y éste sigue en pésimas condiciones.
En San Vicente Lachixio llevan tres años y no hay para cuando terminen. Lo mismo han tardado en Santiago Ixtayutla: con un presupuesto de 70 millones de pesos, el avance es poco y el trabajo de mala calidad. La pavimentación del camino que conecta a Villa Alta, en la Sierra Norte, con Villa Díaz Ordaz –así llamada en honor a un liberal y no al ex presidente poblano–, se inició a finales del gobierno de Diódoro Carrasco, lo continuó el de Murat y ahora el de Ulises; entre los tres, a la fecha han gastado 160 millones de pesos enhacerlo
y está inservible. En la carretera de Oaxaca a Pochutla, en la Sierra Sur, hay un letrero que dice: El gobierno del estado moderniza camino La Venta-San Francisco Ozolotepec
, pero no es cierto, no hay nada.
Como una muestra del proceder de Ulises Ruiz, basta ver su actuación en el conflicto agrario entre Teojomulco y Texmelucan: el primero entregó 6 mil hectáreas al segundo a cambio de una indemnización de 93 millones de pesos, pagada por la secretaría de la Reforma Agraria, y de 100 millones para obras públicas, aportados por la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas; asimismo, el gobierno del estado se comprometió, por escrito, a contribuir con 40 millones adicionales. Sin embargo, los 100 millones de pesos de la CDI pasaron a un fideicomiso presidido por Ulises Ruiz, quien dispuso de 40 millones para obras de mala calidad, algunas de las cuales quedaron inconclusas. Esto obligó a la comunidad de Teojomulco a emprender un juicio y a movilizarse para recuperar los 60 millones restantes, que luego de muchas protestas le fueron entregados al gobierno municipal. Pero de los 40 millones que supuestamente pondría el gobierno del estado, el pueblo sólo ha recibido la mitad.
En Oaxaca impera la corrupción. En julio de 2008, la revista Procesodocumentó y dio a conocer que la esposa (accionista mayoritaria), la mamá y una tía de Ulises Ruiz tienen un hospital de especialidades en el Distrito Federal, valuado en mil 500 millones de pesos. El reportaje describe: “Localizado en la delegación Coyoacán, al sur de la ciudad de México, compite con los hospitales más modernos. A él se puede llegar por tierra o por aire, pues cuenta con helipuerto… En su sitio electrónico, los directivos del nosocomio –inaugurado el 31 de mayo de 2007– lo promueven como ‘lo mejor para la mujer’ y destacan que se especializa en la prevención y tratamiento de cualquier ‘amenaza’ a la salud femenina. Oaxaca es el estado que registra el mayor índice de pobreza extrema en el país y ni siquiera cuenta con una clínica para la mujer. Además, tiene el mayor índice de mortalidad femenina a nivel nacional. Según la secretaría de Salud de la entidad, en los últimos cinco años murieron por lo menos 312 mujeres debido a complicaciones durante el embarazo, el parto y el puerperio”.
Además de esta corrupción que daña a los más desposeídos, en Oaxaca los principales violadores de los derechos humanos son el gobernador del estado y su camarilla. Existe una red de gente desalmada, dirigida por funcionarios estrechamente vinculados a Ulises Ruiz. La mayoría de ellos, después de haber ocupado cargos en el estado, como muestra de su impunidad, han pasado a ser diputados federales. Tal es el caso de Jorge Franco Vargas, ex secretario general de Gobierno durante el conflicto con la APPO; de Heliodoro Díaz Escárraga, quien sustituyó al anterior.
A este grupo también pertenece el tres veces diputado federal, Elpidio Desiderio Concha Arellano, responsable del linchamiento en el cual perdió la vida el profesor Serafín García Contreras, el 27 de julio de 2004, en el Puente de Fierro, cerca de Huautla de Jiménez. Otro es Eviel Pérez Magaña, secretario de Obras Públicas de 2004 a 2008, hoy coordinador de los legisladores oaxaqueños en el Congreso y hombre de toda la confianza del gobernador.
La responsabilidad de Ulises Ruiz y de este grupo en los asesinatos de más de 20 maestros y simpatizantes de la APPO ha sido reconocida hasta por los indolentes ministros de la Suprema Corte. Pero no sólo se han dado estos lamentables casos. Hay muchos otros. Tengo testimonios de algunos más. El 6 de abril de 2009, en Jicayán, fue cobardemente asesinada Beatriz López Leyva, coordinadora del Gobierno Legítimo, por denunciar la corrupción del presidente municipal. En San Pedro Totolapa, como consecuencia del conflicto magisterial entre la sección 22 y la 59, protegida por Ulises Ruiz, fue asesinado el 12 de mayo Leonor Ortiz Barriga, presidente de la sociedad de padres de familia. También en Jicayán, por la misma causa, el 28 de agosto ultimaron al maestro Artemio Norberto Camacho Sarabia.
Los pobladores de San Pablo Coatlán viven aterrorizados: el palacio municipal está tomado por gente armada al servicio del alcalde impuesto desde Oaxaca. Allí, el 7 de mayo de 2008 hirieron de gravedad a Sergio Contreras –quien falleció el 12 de marzo de este año–; luego, el 26 de septiembre del año pasado, asesinaron a su hijo, Rosalino Contreras Martínez, y el 29 de junio de 2009, al síndico municipal, Claudio Martínez Juárez.
En Santa María Ozolotepec, en la región chatina, me relataron: el 5 de enero de 2006 fue encarcelado el profesor Jaime Loeza Juárez; el 8 de marzo, en plena celebración por el Día Internacional de la Mujer, la policía detuvo a siete ciudadanos de diferentes pueblos; en julio de ese mismo año, fue torturado Alejandro Salinas Cortés, representante de bienes comunales. En diciembre de 2007 fueron torturados y encarcelados en Huatulco, el profesor Lorenzo Salinas Mendoza, ex presidente municipal, y Alejandro Salinas Cortés; ambos acusados de portación de armas de uso exclusivo del Ejército; en ese mismo mes, desapareció Lauro Juárez, regidor de Hacienda, cuando participaba en una manifestación en el cerro del Vidrio, en el crucero a Juquila; hasta hoy se desconoce su paradero. El 30 de abril de 2008 fueron detenidos ocho indígenas a quienes se les imputan delitos del fuero común y federal. Después de dos meses, siete salieron bajo fianza; sin embargo, Alejandro Salinas permanece en prisión en Juquila.
En Santo Domingo Ixcatlán, en abril del año pasado, el presidente municipal ordenó asesinar a tres miembros de la comunidad. La ejecución se llevó a cabo de manera brutal: destrozaron y quemaron los cuerpos. Me enseñaron unas fotos horrendas. El presidente municipal está en la cárcel con tres o cuatro personas más. Sin embargo, los familiares de las víctimas temen que sean liberados porque el alcalde está vinculado con Ulises Ruiz, a quien ayudó durante la represión a los maestros en 2006. Además, señalan que otros responsables andan libres y desafiantes.
En Santiago Xanica, un niño de 12 años, con ropa limpia y bien peinado, antes de acudir al catecismo leyó un escrito enviado por su padre desde el módulo de máxima seguridad del reclusorio de Miahuatlán, donde permanece cautivo con otros dos indígenas más, acusado de secuestro, lesiones calificadas y homicidio. Además de afirmar que los delitos les fueron fabricados, Abraham Ramírez Vázquez sostiene:
Por más dura que han sido las circunstancias, no he claudicado en mi lucha. Nosotros, que formamos parte del Comité por la Defensa de los Derechos Indígenas, hemos venido emprendiendo una larga lucha en defensa de nuestra autonomía, nuestra cultura, nuestras lenguas, nuestros recursos naturales. Los pueblos marginados de Oaxaca esperan de ustedes palabras de lealtad, verdad, seriedad, ética; ya no más mentiras, promesas que se las lleva el viento. Nuestro estado necesita un verdadero cambio, ya no más un estado bárbaro en donde el poder mata, asesina, secuestra y desaparece a sus ciudadanos y no pasa nada. Ya no más asesinos, tiranos, usurpadores como Ulises Ruiz
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