Este artículo se publicó los días 17 y 18 de diciembre de 2007 en el periódico la Jornada, en donde el escritor Carlos Montemayor describe los sucesos ocurridos en Acteal.
La masacre de Acteal no fue la primera ni la única en el prolongado proceso del conflicto de Chiapas. Pero fue en la que el gobierno mexicano puso más empeño a fin de transformarla en sólo un eslabón de una cadena de conflictos intercomunitarios. Para apuntalar esta versión oficial el gobierno mexicano recurrió a diversos procedimientos, algunos de ellos extremos. Pasó por alto sistemáticamente hechos fundamentales; creó un libro blancosobre Acteal donde la Procuraduría General de la República (PGR) describe a modo los acontecimientos, modificando, distorsionando u olvidando información; intentó desconocer la existencia de planes militares dados a conocer desde el 5 de enero de 1998 por Carlos Marín en la revistaProceso; en discursos oficiales manipuló la noción del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) a veces para negar su existencia y en otras para proponerlo como protagonista, precisamente, de los enfrentamientos intercomunitarios. Los planes militares que dio a conocer Carlos Marín 15 días después de la masacre de Acteal describen, como parte de una contrainsurgencia minuciosamente diseñada, tanto la inducción de desplazamientos de poblados y la creación de conflictos sociales entre comunidades como la aplicación de medidas sólo militares antes y después de los acontecimientos de Acteal.
Sin embargo, las consecuencias políticas de la masacre de Acteal fueron descomunales en el aparato de gobierno para haber sido un eslabón de un conflicto intercomunitario. Provocó, en la dimensión estatal, las renuncias del gobernador de Chiapas y de otros funcionarios de primeros niveles; en el ámbito federal, la renuncia del secretario de Gobernación. Nunca un “pleito de indios” afectó a tantas cabezas de los gobiernos estatal y federal. ¿No fueron las renuncias una forma de reconocer la responsabilidad activa de las autoridades estatales y federales en este “pleito de indios”?
A 10 años de la masacre de Acteal es oportuno retomar algunos aspectos indelebles vinculados con esa mañana del 22 de diciembre de 1997. Por ejemplo, ¿por qué la policía del estado trató de eliminar los cadáveres de la masacre de Acteal la madrugada del 23 de septiembre de 1997 y posteriormente trató de alterar el parte sobre las víctimas y los procedimientos sanguinarios de los paramilitares? ¿Por qué el ejército desplegó después una agresiva campaña de desarme entre las víctimas y los simpatizantes del EZLN y no entre los agresores? Sí, ¿por qué el Ejército pensó que las víctimas debían ser desarmadas, pero los agresores no? ¿Por qué el Ejército y las autoridades civiles privilegiaron los términos de “enfrentamientos intercomunitarios” o “grupos de autodefensa” por encima de “grupos paramilitares”? Si se trataba de diferencias intercomunitarias, ¿por qué remover al propio gobernador de la entidad y al titular de la política interior del país? Hagamos un repaso de algunos puntos que la versión oficial sobre Acteal tuvo que modificar, distorsionar o pasar por alto.
Recordemos, primero, que los días 18 y 19 de diciembre de 1997 el entonces presidente Ernesto Zedillo efectuó una visita oficial a Nicaragua. El periodista Danilo Lacayo lo recibió el día 19 en la televisión nicaragüense; en esa entrevista Zedillo declaró que no había ya guerrilla en México. Sin hacer mención directa del EZLN, afirmó que a principios de 1994 había aparecido “un grupo” de manera violenta, pero que desde entonces se habían dado las condiciones sociales para que esos hechos no volvieran a suceder. Las declaraciones demostraban el interés del gobierno mexicano por permanecer ciego a la insurrección zapatista; negar al EZLN era un eslabón de una sistemática operación política de distorsión para no resolver el conflicto de manera pacífica. En cambio, intencional o tendenciosamente, pasó por alto la aparición “violenta” de numerosos grupos paramilitares en muchas comunidades de los Altos y las Cañadas que contaron con “condiciones sociales” apropiadas para proliferar.
Tres días más tarde, el 22 de diciembre, en el municipio de Chenalhó, en Acteal, se habían concentrado los desplazados conocidos como las Abejas, atentos a los rumores de que preparaba un ataque contra ellos uno de los grupos paramilitares (que el Ejército y autoridades civiles ya designaban oficialmente como de “autodefensa civil”); este grupo pertenecía a la comunidad de Los Chorros, había sido entrenado por cuadros de la policía estatal y lo había pertrechado con armas de alto calibre el presidente municipal priísta de Chenalhó, Jacinto Arias Cruz. Los miembros de las Abejas se concentraron desde las primeras horas de la mañana en la ermita del lugar, un galerón de madera con techo de lámina y piso de tierra firme. Para evitar el enfrentamiento con ese grupo paramilitar, muchos hombres se retiraron y sólo quedaron en su mayoría mujeres, niños y ancianos.
A las 10:30 de la mañana se encontraban de rodillas, rezando, en la ermita de Acteal, cuando comenzaron a oír disparos. Se aproximó al lugar el contingente agresor que portaba armas de alto calibre, uniformes color negro y pasamontañas. Eran individuos de las comunidades de Los Chorros, Puebla, Chimix, Quextic, Pechiquil y Canolal, que se habían transportado en camiones de los conocidos como de tres toneladas. Comenzaron a disparar, a mansalva, por la espalda, contra los desplazados que rezaban; al huir, la gente iba cayendo en el camino y en la barranca. Durante seis horas el contingente paramilitar disparó y ultimó a varias decenas de víctimas.
Al iniciarse la agresión, unas 325 personas oraban afuera de la ermita, porque el espacio era limitado y habían acordado hacerlo afuera. Cuando el grupo armado abrió fuego, algunas personas murieron en el lugar donde se encontraban, pero la mayoría se dispersó montaña abajo, entre los matorrales. Muchos corrieron hacia un arroyo que se localiza a unos 300 metros y se escondieron en una pequeña cueva. Hasta ahí llegaron a matarlos. El grupo paramilitar cesó de disparar las armas cuando consideró que había acabado con todos los que se encontraban en esa hondonada. Sólo se salvaron dos o tres personas que tenían encima los cuerpos de otros compañeros y que se mantuvieron quietas desde ese momento hasta que empezó a oscurecer y pudieron dirigirse a San Cristóbal. Por ellas se supo que la balacera duró unas seis horas. Las detonaciones se escucharon en San José Majomut y sobre todo en Quextic, población desde donde se observa con claridad Acteal.
Hacia la una de la tarde, cuando aún se desarrollaba la masacre, el vicario de la catedral de San Cristóbal, Gonzalo Ituarte, llamó por teléfono al secretario de Gobierno de Chiapas, Homero Tovilla Cristiani, para informarle de una fuerte balacera en Acteal y pedir su intervención inmediata. Homero Tovilla dijo no saber nada. A las seis de la tarde llamó al vicario para notificarle que la situación en Acteal estaba controlada, que se habían escuchado unos cuantos tiros y que había cinco heridos leves. Cerca de las nueve de la noche llegó a la catedral de San Cristóbal uno de los sobrevivientes, de nombre Vicente, a dar detalles de la masacre. Dijo que habían pedido auxilio a policías que acampaban cerca del lugar y que ellos respondieron que “no era de su competencia” y no intervinieron.
La Cruz Roja supo a las ocho de la noche que había enfrentamientos en el municipio de Chenalhó. Movilizó tres vehículos para el reconocimiento de la zona y se hallaron cuerpos sin vida en un barranco. Otras seis unidades de la Cruz Roja se integraron durante la noche a las tareas de rescate. El informe presentado por la Cruz Roja la mañana del siguiente día arrojó un total de 45 cadáveres, ninguno de los cuales parecía haber significado en vida un serio peligro ni un furibundo adversario para los paramilitares: un bebé, 14 niños, 21 mujeres y nueve hombres. Aparte de los 45 muertos, la agresión dejó además 25 heridos y cinco desaparecidos.
La policía de Seguridad Pública llegó cerca de las cuatro de la mañana al lugar de los hechos con el propósito de desaparecer los cadáveres y eliminar evidencias de la masacre. El 1º de enero, la directora de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), Mireille Roccatti, afirmó que el coordinador general de las policías en Chiapas, Jorge Gamboa Solís, y el director de Seguridad Pública, José Luis Rodríguez Orozco, incurrieron en negligencia u omisión, porque a las 10:30 de la mañana del 22 de diciembre ya se habían enterado de que algo ilícito estaba ocurriendo en la comunidad de Acteal y sin embargo dieron el reporte de “sin novedad” a la una de la tarde.
Detengámonos en el hecho de que los policías del estado que llegaron a Acteal a las cuatro de la mañana del día 23 de diciembre de 1997 se propusieron eliminar los cadáveres y borrar toda evidencia de la masacre.
Remitámonos primero al reportaje que publicó el 2 de marzo de 1998 Carlos Marín en la revista Proceso. Ahí reveló con detalle que la policía de Chiapas mantuvo siempre una conducta hostil contra las comunidades de simpatizantes del EZLN y que en la madrugada del 23 de diciembre llegó al extremo “de alterar las evidencias de lo que había sucedido en Acteal, al grado de que inventó muertes con arma blanca y destripamientos de mujeres encintas para fortalecer la cómoda hipótesis de venganzas entre indígenas primitivos”. Esta versión fue propalada por el gobierno estatal en una campaña de medios para sugerir que se había tratado de una especie de matanza ritual, al estilo de los kaibiles guatemaltecos. El Servicio Médico Forense del estado llegó inclusive a falsear su reporte para afirmar que 33 víctimas fallecieron por arma de fuego, siete por machetes o cuchillos (entre ellas varias mujeres embarazadas) y cinco por golpes en la cabeza.
En efecto, los policías estatales no preservaron el área de la matanza, no practicaron legalmente las diligencias para el levantamiento de cadáveres ni guardaron registro de los sitios donde se hallaron los casquillos de las balas percutidas. Tampoco permitieron, a pesar de su notoria negligencia, que intervinieran otros peritos en criminalística de campo.
Más tarde, sin embargo, los servicios periciales de la Procuraduría General de la República (PGR) determinaron que 43 víctimas habían sido ultimadas por arma de fuego y dos a base de golpes: 36 fueron asesinadas en las faldas del cerro, en una hondonada, y las nueve restantes fueron perseguidas y cazadas en las inmediaciones.
Ante estas irregularidades, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) planteó en su recomendación I/98, dirigida al nuevo gobernador de Chiapas y al procurador general de la República, las siguientes interrogantes:
¿Por qué los funcionarios públicos involucrados, dada la trascendencia y dimensiones del problema, no esperaron a que amaneciera para la práctica de diligencias tales como la fe ministerial de cada uno de los cuerpos, la preservación del lugar de los hechos y la fijación de evidencias como son fotografías, filmaciones, inspección ocular del terreno, entre otras, si las autoridades se habían hecho acompañar de aproximadamente 150 elementos de Seguridad Pública? ¿Por qué razón, tratándose de hechos delictuosos y de especial gravedad, no se conoce que haya tenido intervención el director de la policía judicial del estado? ¿Por qué razón le fue negado al subprocurador de Justicia Indígena, David Gómez Hernández, el apoyo de la policía judicial, específicamente del comandante Alvaro Gutiérrez destacamentado en Chenalhó? ¿Por qué Homero Tovilla Cristiani y Uriel Jarquín Gálvez, secretario general y subsecretario de Gobierno, dieron instrucciones a Gómez Hernández, siendo que estructuralmente éste no depende de ellos? ¿Por qué, tratándose de hechos tan graves, no se localizó al procurador general de Justicia del estado al iniciarse las acciones para enfrentar la emergencia ocurrida en Acteal? ¿Por qué razón, y ante la magnitud de los hechos, el subprocurador de Averiguaciones Previas, Ramiro Sánchez Vega, no ocurrió al lugar de la masacre con objeto de ordenar la práctica de diligencias básicas como sería la preservación del lugar de los hechos, la obtención de evidencias y la toma de fotografías, así como conducir la investigación?
El Ministerio Público de la Federación ejerció acción penal el 26 de diciembre por los delitos de homicidio calificado, lesiones y asociación delictuosa ante el juez segundo del Distrito Federal en Chiapas contra 16 personas. Al día siguiente el juez dictó acto de formal prisión en contra de los consignados. Más tarde, el 31 de diciembre, se dictó auto de formal prisión contra 23 personas más. La noche del 2 de enero de 1998 la PGR informó que el juez federal había también resuelto dictar auto de formal prisión en contra el alcalde Jacinto Arias Cruz, quien de acuerdo con diversos testimonios había proporcionado las armas de fuego a los responsables de la masacre de Acteal.
El día 11 de enero de 1998 la PGR difundió un boletín de prensa relevante porque comprobaba lo que era sabido por todos los habitantes de los Altos: que la policía estatal protegía a los grupos paramilitares. El boletín decía así:
“El día de hoy, el Ministerio Público de la Federación determinó ejecutar acción penal en contra de Felipe Vázquez Espinoza, comandante de la Dirección General de Seguridad Pública del estado, destacamentado en la comunidad denominada Colonia Miguel Utrilla, Los Chorros... Según las declaraciones vertidas, el comandante Vázquez Espinosa giró órdenes al personal bajo su mando a fin de que se permitiera el uso de armas de fuego prohibidas a civiles de la comunidad de Los Chorros; igualmente dio instrucciones para que, en vehículos oficiales de Seguridad Pública, se trasladaran cartuchos y armamento de distintos lugares hacia la comunidad de Los Chorros... asimismo... giraba instrucciones para que se brindara protección a diversos grupos civiles cuando se dedicaban a actividades ilícitas, tales como el robo de café... Felipe Vázquez Espinoza reconoció su participación en los hechos, sin embargo, adujo que las instrucciones que giró y su propia participación... se debía a las órdenes que a su vez había recibido de la superioridad, ya que cuando reportaba estos incidentes se le instruía verificar si las personas armadas detectadas pertenecían al Partido Revolucionario Institucional, y que en caso de que se tratara de militantes de dicho partido, los dejara en libertad”.
No fue extraño que en la recomendación I/98 de la CNDH, que los medios informativos difundieron el 11 de enero, se atribuyeran responsabilidades penales o administrativas a comandantes y oficiales policiacos y, de manera destacada, a funcionarios como Humberto Tovilla Cristiani y Uriel Jarquín Gálvez, secretario y subsecretario de Gobierno; Marco Antonio Besares Escobar, procurador general de Justicia del estado; David Gómez Hernández, subprocurador de Justicia indígena; general Jorge Gamboa Solís, coordinador general de la policía del estado, y José Luis Rodríguez Orozco, director de Seguridad Pública del estado.